¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes en el sector público de asturias?

Los accidentes laborales en el sector público responden a una combinación de factores organizativos, ambientales y humanos. A diferencia de otros sectores, la administración pública presenta riesgos específicos derivados de la naturaleza de sus funciones.

Las causas más frecuentes van desde la sobrecarga de trabajo y los riesgos psicosociales hasta las deficiencias en la ergonomía de los puestos de oficina. Identificar estas causas es el primer paso para una prevención eficaz.

Sobrecarga de trabajo y factores psicosociales: el riesgo invisible

La presión asistencial, la falta de personal y la burocracia generan a menudo cuadros de estrés y ansiedad. Estos factores psicosociales disminuyen la atención y aumentan la probabilidad de cometer errores que derivan en accidentes.

Un funcionario sometido a un estrés continuo es más propenso a sufrir un despiste, una mala gestión de sus tareas o una decisión equivocada. Este tipo de riesgo es una causa directa de siniestralidad laboral aunque no siempre se visibilice.

La ley exige a la administración evaluar y controlar también estos riesgos psicosociales, no solo los físicos.

Caídas, tropiezos y golpes en instalaciones públicas

Las caídas al mismo nivel son una de las causas más habituales de incapacidad temporal en el sector público. Suelos mojados sin señalizar, cableado suelto en oficinas o mobiliario mal ubicado son ejemplos comunes.

Muchos edificios públicos tienen una antigüedad considerable, lo que puede implicar un mantenimiento deficiente de escaleras, pasillos o zonas de archivo. La falta de orden y limpieza contribuye directamente a este tipo de incidentes.

Estos accidentes, aunque parezcan menores, pueden provocar esguinces, fracturas y lesiones de larga duración.

Lesiones por movimientos repetitivos y ergonomía deficiente

El trabajo administrativo en ayuntamientos, consejerías u otros organismos implica pasar muchas horas frente a un ordenador. Una ergonomía inadecuada es una fábrica de lesiones musculoesqueléticas.

Sillas no ajustables, pantallas a una altura incorrecta o la ausencia de pausas activas provocan dolencias como tendinitis, síndrome del túnel carpiano o problemas cervicales. Estas patologías son consideradas accidentes de trabajo cuando se derivan directamente de la actividad laboral.

La inversión en un puesto de trabajo ergonómico previene bajas laborales y mejora el bienestar del empleado.

Accidentes de tráfico durante la jornada laboral o in itinere

Muchos empleados públicos necesitan desplazarse para cumplir con sus funciones, como personal de servicios sociales, mantenimiento o inspección. Estos trayectos exponen al trabajador a sufrir un accidente de tráfico considerado como laboral.

También se incluyen los accidentes que ocurren al ir o al volver del trabajo, conocidos como accidentes in itinere. Para que sea reconocido como tal, el trayecto debe ser el habitual y no haber sido interrumpido por causas personales.

La administración tiene la responsabilidad de revisar el estado de los vehículos oficiales y formar a sus conductores.

¿Cómo se determina la responsabilidad en un accidente laboral público?

Determinar la responsabilidad es un paso clave para que el trabajador pueda reclamar una indemnización justa. La normativa de prevención de riesgos es clara y la administración pública no está exenta de su cumplimiento.

La base de la responsabilidad empresarial recae en la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

La obligación de la administración de garantizar la seguridad

La ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales establece que todo empleador, incluido el sector público, debe garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esto implica realizar una evaluación de riesgos de cada puesto.

Si se produce un accidente y se demuestra que la administración no evaluó un riesgo o no implementó las medidas preventivas necesarias, existe una responsabilidad directa. Por ejemplo, no proporcionar una silla ergonómica tras una evaluación que así lo indicaba.

La falta de formación e información al trabajador sobre los riesgos de su puesto también constituye un incumplimiento.

El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad

Cuando un accidente ocurre por una omisión en las medidas de seguridad, el trabajador tiene derecho a un recargo de prestaciones. Esto significa que todas las prestaciones económicas derivadas del accidente, como la incapacidad temporal o permanente, se aumentan entre un 30% y un 50%.

Este recargo lo abona directamente la administración responsable y es independiente de otras indemnizaciones por daños y perjuicios. Su objetivo es sancionar al empleador por su conducta negligente.

Para solicitarlo es necesario probar la relación directa entre la falta de medidas de seguridad y la lesión sufrida.

¿Qué pasos debe seguir un trabajador público tras sufrir un accidente?

Actuar de forma rápida y ordenada tras un accidente es determinante para proteger los derechos del trabajador. Seguir un protocolo claro facilita el proceso de reclamación y la defensa del caso.

Notificación del accidente y atención médica inmediata

El primer paso es comunicar el accidente a un superior jerárquico lo antes posible. La administración debe emitir un parte de accidente para dejar constancia oficial del suceso.

Acudir a la mutua de accidentes de trabajo o a un centro médico es el siguiente paso. Es vital que todos los informes médicos reflejen que las lesiones han sido consecuencia del incidente laboral.

Recopilación de pruebas y testimonios

Documentar el escenario del accidente es de gran ayuda. Fotografías del lugar, del desorden o del elemento que causó el daño son pruebas muy valiosas.

Si hubo testigos, como otros compañeros, es importante contar con su testimonio. Sus declaraciones pueden ser claves para demostrar la falta de medidas de seguridad en un procedimiento judicial.

Guarda toda la documentación relacionada, desde informes médicos hasta comunicaciones con la administración.

Asesoramiento legal para reclamar una indemnización

El proceso para reclamar una indemnización por accidente laboral puede ser complejo. Contar con un abogado especialista en derecho laboral desde el principio garantiza que no se cometan errores.

Un profesional analizará la viabilidad del caso, calculará la indemnización correspondiente por las lesiones y secuelas, y negociará con la administración o la mutua. Si no se alcanza un acuerdo, defenderá el caso en los tribunales.

La prevención como mejor herramienta frente a la siniestralidad

Más allá de las reclamaciones, la mejor estrategia contra la siniestralidad es una cultura preventiva real. La administración debe invertir en la formación de sus empleados y en la adecuación de los puestos de trabajo.

Los delegados de prevención juegan un papel importante en la vigilancia del cumplimiento de la normativa. Fomentar su labor y escuchar sus propuestas mejora la seguridad de todos los empleados públicos.

Un entorno de trabajo seguro es más productivo y reduce costes asociados a las bajas laborales.

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